Jey te informa, La extradición continúa sin modificaciones ya que entre los integrantes que conforman la mesa de expertos, vienen desde hace días analizando cuáles son los puntos clave, entre ellos cuántos años de pena podrían recibir quienes hagan parte de bandas como el Clan del Golfo y se sometan. Para ellos, se habla de seis a ocho años de prisión.
«El proyecto de ley no altera para nada a las que el Estado colombiano se ha comprometido en la extradición, eso se seguirá rigiendo por las leyes y tratados aplicables», contó el ministro Osuna.
Tabla de contenido
Más medidas restaurativas
El articulado, presentado por el Ministerio de Justicia, establece que solo aplicará para estructuras criminales de alto impacto, que no tengan origen político y que se basen en delitos como el narcotráfico o similares.
De acuerdo con el ministro Néstor Osuna, los criminales que se sometan a la ley podrán quedarse con hasta el 6% de sus bienes, de los cuales buena parte serán destinados a reparación de víctimas.
54 artículos contienen el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, a través del cual “se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. ‘paz total’.
Esta iniciativa, contemplada como segunda reglamentación enmarcada en la política de ‘paz total’, busca el desarme y entrega de grupos criminales como el Clan del Golfo o Los Pachenca a cambio de beneficios penales.
El articulado, presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal, precisa que no se tocarán las normas vigentes sobre la extradición, se enfocará en las medidas restaurativas y otorgará permisos a los condenados, siempre y cuando sean avalados por un juez de acuerdo a su etapa de resocialización.
Ministro de Justicia, Néstor Osuna, también busca a través del proyecto de reforma que los reclusos tengan la posibilidad de sustituir el tiempo en prisión por la prestación de servicios de utilidad pública.
Requisitos de los grupos criminales para acogerse a la ley
El artículo 10 contempla nueve obligaciones colectivas que deben cumplir para acceder al tratamiento penal, estas son:
1. Expresar la intención colectiva “de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
2. Manifestar la intención de desmantelar tanto la estructura criminal de alto impacto como sus redes de apoyo.
3. La suspensión de todo tipo de actividades ilegales.
4, 5 y 6. La entrega de armas, personas secuestradas y menores de edad reclutados.
7. La entrega del inventario de bienes y activos vinculados o adquiridos para el desarrollo de las actividades ilegales del grupo
8. La entrega de información precisa sobre las redes de apoyo de la estructura, incluyendo “colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo”
9. Otras medidas que se dispongan durante las conversaciones entre el Gobierno nacional y el grupo de alto impacto
El proyecto de ley presentado ante el Consejo de Política Criminal apunta ocho obligaciones que deben tener los integrantes de grupos criminales que se sometan a la misma. Dentro de ellas están el reconocimiento de responsabilidad penal en la comisión de delitos; aportar verdad a las víctimas y reparación material y simbólica; participar en los programas de justicia restaurativa que disponga el poder judicial; aportar información determinante a la Fiscalía General de la Nación y aportar datos y todo tipo de información que permita la búsqueda y el hallazgo de personas desaparecidas.
Sobre estas medidas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que no habrá ningún mecanismo de justicia transicional, sino que los criminales que se entreguen serán sometidos a la justicia ordinaria, pero bajo esta ley, en caso de ser aprobada.
Por otra parte, en un artículo menciona los beneficios por la entrega anticipada de bienes: “En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas”. Al respecto, el ministro Osuna aclaró que este porcentaje ya está contemplado en la Ley de Extinción de Dominio.
La Extradición continua como hasta ahora
El anuncio lo hizo el jefe de la cartera, Néstor Osuna, en una rueda de prensa junto a los congresistas Ariel Ávilia y Alirio Uribe.
Este miércoles, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, acompañado de los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, entregaron nuevos detalles del proyecto de ley que busca el sometimiento de los miembros de las bandas criminales, con los que no se puede hacer una negociación de paz.
Según el ministro Osuna, “este proyecto es la oferta que le hace el Estado colombiano a esas estructuras criminales para que terminen con su actuar y entreguen sus bienes, esto con el fin de que entreguen la información que tienen y reparen a las víctimas. De igual manera, para que exista reparación y a cambio de esa terminación de actividades criminales.
Osuna dejó claro que el tema de la extradición, seguirá basado en leyes y tratados vigentes y aplicables al ordenamiento en Colombia: “este proyecto de ley, no menciona, ni afecta, no modifica, ni altera, las leyes actuales que rigen la extradición y a la que el Estado se ha comprometido. Insisto, eso se seguirá rigiendo por los tratados vigentes”.
En otras palabras, todo sigue en esa materia tal como está. Es decir, que Colombia podrá si así lo considera enviar a un narcotraficante a Estados Unidos cuando la Sala Penal de la Corte Suprema avale y el Gobierno firme dicha extradición.
Según el jefe de la cartera de justicia, en las líneas básicas más importantes del proyecto está el hecho de que quienes se acojan, tendrán penas privativas de la libertad en cárceles ordinarias impuestas por autoridades judiciales ordinarias.
En general, este Proyecto busca dejar claras las reglas del juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.
Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.
